La Legislatura bonaerense debate un proyecto de ley que busca poner fin a los aumentos sorpresivos en naftas y gasoil. La iniciativa, impulsada por el massismo, obliga a las petroleras y estaciones de servicio a informar con al menos 72 horas de anticipación cualquier suba de precios, y a publicitarlo de forma visible en surtidores y canales digitales.
El texto prevé sanciones fuertes para quienes incumplan: desde multas equivalentes a miles de litros de combustible hasta la clausura temporal de las estaciones reincidentes. Según sus impulsores, la medida apunta a proteger a consumidores y trabajadores que ven afectada su economía por incrementos inesperados y sin aviso previo.
“Las petroleras dolarizaron el precio y lo triplicaron en un año. No podemos dejar que los bonaerenses sean rehenes de cuatro empresarios”, advirtió la diputada Ayelén Rasquetti al presentar el proyecto. De aprobarse, la norma entrará en vigencia a los 30 días y pondrá en manos de la provincia la fiscalización de un insumo clave para la economía diaria.
